14/09/2021 08:06 CEST
2020, el año más mortífero para los activistas ambientales
Hubo 227 asesinatos de líderes 'verdes' en todo el
planeta, lo que significa, en promedio, cuatro muertos por semana. Colombia y
México, los peores países.
·
·
·
·
·
·
·
·
Ares
Biescas / Agencia EFE
En Colombia y México defender el medioambiente se ha vuelto casi una
sentencia de muerte: los dos países registran el número más alto de asesinatos
de defensores ambientales en el mundo, con 65 y 30 homicidios en 2020,
respectivamente, según un estudio publicado por Global Witness.
La organización señala además 2020 como el año más mortífero desde que
lleva el recuento, con 227 asesinatos de líderes ambientales en todo el
planeta, lo que significa, en promedio, cuatro líderes muertos por semana, y
superando el récord de 212 muertes violentas de 2019.
La pandemia de coronavirus, en lugar de reducir los crímenes, hizo de
los defensores un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. La
organización alerta además de un aumento en el tipo de amenazas, con más
arrestos, campañas de desprestigio y criminalización bajo una retórica
antiterrorista.
Más peligro, más
batalla
América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los
defensores del medioambiente: 3 de cada 4 ataques registrados en el 2020
sucedieron en la región y 7 de los 10 países más afectados son latinoamericanos.
La alta incidencia sucede en parte porque los casos se pueden documentar
con más facilidad, ya que “en otros continentes el acceso a la información es
más limitado (...), no es que haya menos casos sino que muchos de ellos no
llegan a fuentes públicas”, afirmó a Efe Laura Furones,
activista de derechos humanos de Global Witness.
La fortaleza de la sociedad civil y de los movimientos indígenas que
pervive con fuerza en América Latina, recalcó Furones, permite una “defensa
fuerte de los recursos”, pero también conlleva “enfrentamientos y asesinatos
por esta oposición pacífica”.
Después de Colombia y México, el tercer puesto mundial lo ocupa Filipinas
(29), seguido en su mayoría por países latinoamericanos: Brasil con 20
asesinatos, Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala
(13), Nicaragua (12), Perú (6), India (4), Indonesia (3), Sudáfrica (2) y
Tailandia (2).
En la cola de la clasificación están Uganda, Irak, Argentina, Costa Rica,
Arabia Saudí, Sri Lanka, Nepal, Canadá y Kiribati, con un defensor asesinado
por país.
¿Por qué?
Los altos niveles de violencia se suman a la impunidad para perseguir los
crímenes. De hecho, esa sigue siendo la gran incógnita: ¿quién los asesina y
por qué?
“El caso clásico de asesinato de personas defensoras es aquel en que la
persona ejerce una oposición pacífica a un proyecto empresarial, de desarrollo,
sea forestal, minero o de agroindustria; en esta labor de oposición pacífica se
ven asesinados”, afirmó Furones.
Los datos de la organización respaldan la tesis: el 30 % de los asesinatos
ocurrieron en zonas con proyectos de tala de árboles, represas hidroeléctricas,
infraestructura, minería o agroindustria a gran escala. Aún así, en 112 casos
no se pudo establecer un vínculo claro.
El caso clásico es
aquel en que la persona ejerce una oposición pacífica a un proyecto
empresarial, de desarrollo, sea forestal, minero o de agroindustria
La tala y la deforestación fueron los sectores con más ataques, con 23
muertes entre Brasil, Nicaragua, Perú y Filipinas y con un aumento muy
importante en México, con 9 casos.
Indígenas,
afrodescendientes y pequeños campesinos
Un tercio de todos los asesinatos fue de indígenas de Latinoamérica y
Filipinas. En Colombia, con un alza continuada de violencia desde 2017, un
tercio de los asesinatos fueron de indígenas o afrodescendientes, y casi la
mitad de pequeños campesinos. Un pico de violencia que en 2020 representó el 29
% de todos los ataques mortales documentados en el informe de Global Witness.
Ese aumento se explica en parte “por la amenaza que representan para
paramilitares y organizaciones criminales los programas de sustitución de
cultivos de coca –que proveen incentivos para que los agricultores siembren
otras especies– que se incluyeron en el acuerdo de paz con las FARC en 2016”,
según el informe.
Global Witness registró 17 casos en que las víctimas fueron blanco de
ataques por su apoyo o participación en programas de sustitución de cultivos
ilegales.
Además de ser el segundo país con más asesinatos, México vivió un aumento
del 67 % de estos crímenes respecto a 2019, mientras que en Brasil la organización
destaca cómo la covid-19 amenazó en “extinguir” a las comunidades indígenas,
con una escasa protección por parte del Gobierno.
También Nicaragua llamó la atención este año –un país de apenas 6 millones
de personas–, donde Global Witness registró 12 asesinatos en 2020 en
comparación con 5 en 2019, lo que lo convierte en el país más peligroso per
cápita.
Peor en pandemia
Con estas cifras, Furones resaltó que la pandemia contribuyó a una
parálisis del sistema administrativo y legal para perseguir a los culpables de
los crímenes, “y el acceso a la Justicia se ha visto muy mermado”.
A pesar de la impunidad
y la violencia, la investigadora defendió que las luchas de los defensores son
“cruciales” y debe ser “papel de todos protegerlos”, sobre todo cuando hay “por
delante una década tan crucial con respecto a la crisis climática, donde el
tiempo se acaba y el papel de las comunidades y de las poblaciones locales va a
ser todavía más importante”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario